No se trata de un auténtico proceso de oficio, en el sentido de que el mismo no se inicie a instancias del propio órgano judicial. Previamente existe una comunicación de la autoridad laboral, con valor de demanda, a la que el órgano judicial procede necesariamente a admitir a trámite, teniendo como condición sine qua non el cumplimiento de los requisitos procesales.

Clases

Instrumento de control de la legalidad o lesividad de los convenios colectivos. La autoridad laboral en estos procesos realiza funciones asimiladas a las del Ministerio Fiscal en la defensa de la legalidad, dado que su tarea consiste en la remisión al órgano judicial de aquellos acuerdos y negociaciones que estime contrarios al ordenamiento jurídico. Incluimos dentro de este grupo a los acuerdos entre empresario y representantes de los trabajadores con ocasión de reestructuraciones empresariales, es decir, ya sean de carácter suspensivo o extintivo, cuando se aprecien fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión de tales acuerdos. El magistrado de la sala de lo Social del TSJ de Valencia, Francisco Javier Lluch se plantea si en este supuesto es posible la acumulación de acciones individuales planteadas por los trabajadores, tal y como establece el artículo 31 de la Ley reguladora de la jurisdicción social, teniendo en cuenta que los trabajadores no han tenido parte en la conclusión de estos acuerdos. (ver link)

Mecanismo de remisión al órgano judicial de actas de infracción o liquidación que hayan sido impugnadas por el sujeto responsable con base en alegaciones y pruebas que, a juicio de la autoridad laboral, puedan desvirtuar la naturaleza laboral de la relación jurídica objeto de la actuación inspectora. En la fase probatoria del juicio tendrá como objeto calificar la relación jurídica existente entre las dos partes. La sentencia es una sentencia declarativa, no de condena. Dicha sentencia se comunicará a la autoridad laboral para que la misma continúe el expediente administrativo, concluyendo con la imposición o no al empresario de la sanción administrativa correspondiente. Se trata de una sentencia vinculante no solo para la propia autoridad laboral, sino para el orden contencioso administrativo que pueda conocer de la resolución administrativa.

Resoluciones sancionadoras con apreciación de perjuicios económicos. La comunicación de la autoridad laboral se produce una vez concluido todo el procedimiento sancionador. Los incumplimientos del empresario pueden dar lugar a una responsabilidad civil por daños ocasionados, sin que ello vulnere el principio non bis in ídem por no tener esta reclamación carácter sancionador.

Se comunicará al órgano judicial las resoluciones firmes que dicte la autoridad laboral derivadas de las actas de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la cuales se aprecien perjuicios económicos a los trabajadores afectados.

Actas de infracción o comunicaciones de la Inspección de Trabajo acerca de la constatación de una discriminación por razón de sexo y otras formas de discriminación. En estos casos es la propia Inspección la que comunica al órgano judicial los perjuicios estimados con el objeto de determinar la indemnización que corresponda.