Resulta necesario darse cuenta de que si liberamos de manera absoluta a las entidades públicas del pago de las prestaciones podría llevar la frustración del derecho a las mismas en los supuestos de insolvencia del empresario, por lo que el ordenamiento jurídico establece garantías para que el beneficiario vea efectivo su derecho.

Nos encontramos con garantías adicionales y con el principio de automaticidad de las prestaciones. 

Principio de automaticidad: concepto

El principio de automaticidad opera en el caso de incumplimiento de las obligaciones de afiliación, alta y cotización, las entidades gestoras y colaboradoras harán efectiva la prestación subrogandose en los derechos de los beneficiarios teniendo una acción de repetición contra el empresario bien a través de la TGSS o bien demandando a la empresa responsable ante la jurisdicción social.

Garantías adicionales

Como garantías adicionales diferenciamos el Fondo de Garantía de Accidentes de Trabajo, el cual ostenta una doble función, como responsable de garantía, sustituyendo las obligaciones de los empresarios asegurados y por otra parte, respondiendo de la insolvencia de entidades gestoras y colaboradoras (INSS, MUTUAS) y el Reaseguro de accidentes de trabajo, como una obligación que puede establecer el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a las mutuas de reasegurar en la TGSS el porcentaje de riesgos asumidos que se determine. Dicho Reaseguro sólo puede comprender las prestaciones periódicas de incapacidad permanente, muerte y supervivencia que asuman las mutuas respecto de los trabajadores protegidos

Responsabilidades conexas

Nuestro ordenamiento jurídico también trata de hacer frente a la posible responsabilidad del empresario, interponiendo a otros responsables, de manera solidaria o subsidiaria. Como responsabilidad solidaria, señalamos la responsabilidad solidaria del empresario principal, contratista y subcontratista, respecto de las obligaciones en materia de Seguridad Social, comprendiendo tal responsabilidad las cotizaciones y las prestaciones, la responsabilidad solidaria entre cedente y cesionario en la cesión ilegal, las subrogaciones empresariales inter vivos y mortis causa, la responsabilidad solidara entre la ETT y la empresa usuaria cuando se efectúen contratos de puesta a disposición fuera de los supuestos legalmente establecidos y en los casos establecidos en la Ley de subcontratación en el sector de la construcción. 

Por otra parte, en lo referente a la responsabilidad subsidiaria, haremos mención a la contratación de obras y servicios que no corresponden a la propia actividad del empresario principal o en el caso de que transcurrieran mas de tres anos desde la finalización de la contrata, así como a la responsabilidad subsidiaria de la empresa usuaria en los contratos de puesta a disposición respecto de las obligaciones de seguridad social.