La falta de pago o de puntualidad de salarios es el supuesto típico que fundamenta una acción resolutoria con la pretensión del trabajador de cobrar la indemnización correspondiente al despido improcedente. 

Contraste de la gravedad

El incumplimiento contractual de los salarios por impago o falta de puntualidad tiene que ser grave. En cada caso, la jurisprudencia exige un contraste temporal, continuidad o persistencia, y cuantitativo, cuantía adeudada, para calificar de gravedad el incumplimiento salarial, lo que provoca una abundante casuística.

Cabe destacar que el incumplimiento salarial debe ser grave pero no inevitablemente culpable. Por lo tanto, resulta indiferente que el impago o retraso venga determinado por la mala situación económica de la empresa. El incumplimiento salarial grave es un hecho objetivo que, al margen de la crisis económica de la empresa, puede fundamentar una acción resolutoria. En situaciones de crisis, las empresas pueden acudir a los distintos procedimientos de flexibilidad interna o externa regulados en el Estatuto, pero nunca efectuar quitas o aplazar por propia voluntad las obligaciones salariales contraídas, quedando inmune a ese contexto de crisis la capacidad del trabajador de rescindir el contrato por la vía del artículo 50 del Estatuto, ante incumplimientos salariales.

Compatibilidad de la acción resolutoria con la reclamación de cantidad

Estas acciones resolutorias del artículo 50 del Estatuto son compatibles con las reclamaciones de cantidad del salario adeudado tal y como estable la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Ambas acciones son independientes, por lo que la resolución no requiere inevitablemente la reclamación salarial.

Lista abierta de incumplimientos del artículo 50 ET

No solo los impagos o retrasos salariales pueden fundamentar estas acciones resolutorias con indemnización del despido improcedente. El artículo 50 establece que cualquier otro incumplimiento contractual grave de la empresa es causa de extinción indemnizada del contrato a través de esta vía. En esta lista abierta caben los incumplimientos graves de las medidas de salud laboral, de las obligaciones de seguridad social, del deber de ocupación efectiva y de cualquier condición laboral, de origen legal, convencional o individual, en el marco del contrato de trabajo suscrito con el trabajador. También a través de esta vía, se canalizan las acciones resolutorias en supuestos de acosos morales o sexuales.