Uno de los puntos que más debate genera en la reforma laboral es lo referente a la caducidad de los convenios en caso de no alcanzarse un acuerdo entre las partes, lo que dejaría a los trabajadores sin la protección del convenio y, en consecuencia, se produciría una merma en sus derechos.

Ultraactividad de los convenios: definición

En virtud de la ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral se dio nueva redacción al artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores poniendo fin a la ilimitada ultraactividad de los convenios colectivos, introduciendo un límite temporal de un año, una vez se produjo la denuncia del convenio. De tal forma que si transcurrido el plazo de un año desde la denuncia del convenio no se ha alcanzado un acuerdo o dictado un laudo arbitral regulando las condiciones laborales, dicho convenio pierde su vigencia, salvo pacto en contrario y se aplicarán, si existiesen, los convenios colectivos de ámbito superior.

Por lo que se refiere al régimen transitorio, la disposición transitoria 4 de la ley 3/2012 establece que los convenios colectivos denunciados antes de la entrada en vigor de la reforma laboral, el mencionado plazo de un año empezará a computarse a partir de la entrada en vigor de dicha ley, el 8 de julio de 2012, de modo que la vigencia de los convenios colectivos salvo pacto en contrario finalizará el 8 de julio de 2013.

Significado de la ultraactividad para los trabajadores

Se plantearon serias dudas sobre los pactos de ultraactividad introducidos en los convenios colectivos anteriores a la reforma, a las cuales reiterada jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, así como sucesivos fallos de la Audiencia Nacional determinaron la validez de dichos pactos expresos introducidos en los convenios colectivos.

A la espera de como resuelva el Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto contra las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional, la ultraactividad limitada fijada en el artículo 86.3 solo rige en defecto de pacto.

Sin embargo hay un sector doctrinal que defiende tesis opuestas, señalando que la intención del legislador es finalizar con la petrificación de los convenios colectivos, introduciendo un sistema de caducidad en el propio convenio tras un periodo de negociación sin alcanzar un acuerdo.

Para dicho sector la disposición transitoria cuarta no es dispositiva, sino de carácter imperativo por lo que los convenios colectivos denunciados con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma laboral y que no se hubiera alcanzado un acuerdo a fecha de 8 de julio de 2013, perderán su vigencia y se aplicará, si existe, el convenio colectivo de ámbito superior.

Si bien es cierto que la caducidad de los convenios colectivos a partir del 8 de julio de 2013 se ha visto mermada por la actuación de los empresarios de mantener las condiciones del convenio colectivo en aras de la paz social.

Imagen: Kate053