Los actos empresariales dentro de una relación contractual laboral encaminados a atentar contra la dignidad del trabajador con una finalidad sexual o no, están duramente castigados alcanzando una dimensión pública, pero también originan acciones indemnizatorias que compensan el daño que sufre el acosado.

El fundamento jurídico de estas demandas tiene su centro de gravedad en el recurrente 4.2 del Estatuto donde se reconoce la dignidad del trabajador comprendida frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religioso, discapacidad y frente al acoso sexual. Nuestro ordenamiento laboral ya ofrece definiciones legales de los acosos, derivadas de la normativa europea, la cual sirve referencia a este tipo de demandas. En este sentido el acoso sexual es definido como cualquier comportamiento verbal o físico, de naturaleza sexual, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de la persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. De aquí se desgrana que el acoso moral es un acto empresarial que atenta contra la dignidad de la persona, con un inadmisible trato al trabajador intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo. Dichas conductas provocan daños a los trabajadores que pueden ser reparados e indemnizados a través de la tutela de derechos fundamentales.

En las acciones indemnizatorias por acosos sexuales, discriminatorios o morales, el demandante debe acreditar, al menos con indicios, los hechos del acoso con el daño ocasionado, dada la vulneración de la dignidad en los términos antes expuestos, y de ello se deducirá el daño moral, aún siendo difícil su estimación detallada. Se puede afirmar que en los acosos siempre existe una inevitable incertidumbre jurídica que otorga al juez una gran capacidad subjetiva, basándose en todo caso sobre hechos probados tal y como exige la tutela judicial efectiva.

Cuantificación de la indemnización

Los daños indemnizables referidos al acoso moral y sexual del trabajador, se pueden clasficar en tres categorías:

Daños materiales: la vulneración del derecho fundamental a la dignidad en un acoso puede originar perjuicios materiales que deben ser reparados. En este plano, la indemnización debe compensar tanto el daño emergente ( el perjuicio económico directamente relacionado con la conducta) y el lucro cesante (la renta dejada de percibir por el mismo motivo).

Daños morales: la vulneración del derecho fundamental a la dignidad en un acoso puede causar daños morales en el plano psicológico o de la propia imagen de la víctima. Estos comportamientos empresariales de vejación, humillación o intimidación, afectan a bienes jurídicos esenciales del trabajador, además de generar frustración, poca estima, una merma de valoración social, desprestigio, desánimo y secuelas psicológicas en la víctima.

Daños punitivos: los acosos dañan, en sí mismos, bienes jurídicos esenciales protegidos por el ordenamiento. El daño punitivo tiene una doble finalidad, no solo el castigo de un acto antijurídico sino también persigue la prevención frente a conductas similares que son así disuadidas.

Una vez llegados a este punto, es necesario recordar la compatibilidad entre las indemnizaciones por vulneración de la dignidad y las indemnizaciones tasadas derivadas de la modificación o extinción del contrato. Un claro ejemplo son los despidos nulos por vulneración de la dignidad que tienen como trasfondo un acoso, ya que no sólo reactivan la readmisión sino que también pueden generar acciones indemnizatorias que compensen los daños causados.

Todo esto tiene como objetivo no sólo reparar económicamente a las víctimas, sino también luchar contra estas inadmisibles conductas en el marco de las relaciones de trabajo.

Como colofón, el autor de este blog, antiguo alumno de ESADE, recomienda el master en Derecho Laboral y Recursos Humanos como excelente herramienta para profundizar en las distintas facetas del derecho laboral.